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Cómo citar este artículo (APA 7ma edición):
Esquivel de los Santos, A. (2024). Vulneración de derechos en menores
durante juicios de guarda y custodia en Reynosa, Tamaulipas. Revista Científica Conexiones Multidisciplinarias, 2(2), 5
-
13. https://itcc.edu.mx/revista/index.php/rcm/article/view/4
ISSN en trámite / Vol. 2 No. 1, 5-13.
e-4 / Jul-Dic, 2024 / Articulo de Investigación
Vulneración de derechos en menores durante juicios de guarda
y custodia en Reynosa, Tamaulipas
Violation of minors' rights during custody proceedings in Reynosa, Tamaulipas
Alejandra Esquivel de los Santos
Instituto Técnico en Ciencias Computaciones de Reynosa A.C. Reynosa, México.
aesquivel@itcc.edu.mx; https://orcid.org/0000-0002-0684-0428
Derechos de autor 2024 Alejandra Esquivel de los Santos. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos
de la licencia de atribución de Creative Commons (CC BY 4.0), que permite el uso sin restricciones, distribución y
reproducción en cualquier medio, siempre que se cite debidamente la obra original.
Fecha de Recepción:
19/
05
/2024
Fecha de Aceptación: 17/09/2024
Fecha de Publicación: 30/12/2024
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RESUMEN
El incremento de juicios de guarda y custodia en México ha evidenciado un fenómeno
preocupante: la afectación directa a los derechos y bienestar emocional de menores y
adolescentes involucrados en dichos procesos. En muchos casos, los progenitores anteponen sus
conflictos personales al interés superior del menor, generando un entorno judicializado que
impacta negativamente en la salud mental de los hijos. El propósito de este estudio fue analizar
cómo los juicios de guarda y custodia afectan los derechos fundamentales de los menores,
especialmente en contextos donde no se prioriza la corresponsabilidad parental ni se garantizan
condiciones de estabilidad emocional. Se adoptó una metodología cualitativa basada en
entrevistas a padres y menores que han atravesado este tipo de procesos en Reynosa,
Tamaulipas, complementada con observación en juzgados familiares. Los resultados revelan
altos niveles de ansiedad, tristeza y percepción de vulnerabilidad en los menores, así como una
tendencia recurrente de violencia psicológica no identificada oportunamente por los adultos
responsables. Se concluye que los padres, al centrar el juicio en el conflicto y no en el bienestar
de sus hijos, contribuyen a la revictimización infantil. Es urgente fortalecer los mecanismos
interdisciplinarios de protección y orientación familiar.
Palabras clave: Guarda y custodia, menores, derechos, conflicto parental, afectación emocional.
ABSTRACT
The increase in custody proceedings in Mexico has highlighted a troubling phenomenon: the
direct impact on the rights and emotional well-being of minors and adolescents involved in
these processes. In many cases, parents put their personal conflicts before the best interests of
the child, creating a judicialized environment that negatively impacts their children's mental
health. The purpose of this study was to analyze how custody proceedings affect the
fundamental rights of minors, especially in contexts where parental co-responsibility is not
prioritized nor are conditions of emotional stability guaranteed. A qualitative methodology was
adopted based on interviews with parents and minors who have gone through these types of
proceedings in Reynosa, Tamaulipas, complemented by observation in family courts. The
results reveal high levels of anxiety, sadness, and perceptions of vulnerability in minors, as well
as a recurring tendency toward psychological violence that is not promptly identified by the
responsible adults. It is concluded that parents, by focusing the trial on the conflict rather than
on the well-being of their children, contribute to child revictimization. It is urgent to strengthen
interdisciplinary mechanisms for family protection and guidance.
Keywords: Custody, minors, rights, parental conflict, emotional impact.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el aumento de procesos judiciales relacionados con la guarda y
custodia en México ha evidenciado una preocupante situación: la afectación directa a los
derechos de los menores y adolescentes que, al verse inmersos en disputas legales entre sus
progenitores, enfrentan consecuencias emocionales y psicológicas significativas. Este fenómeno
no solo pone en entredicho la capacidad de los padres para actuar en beneficio de sus hijos, sino
que también cuestiona la eficacia del sistema jurídico para garantizar el respeto al interés
superior del menor, principio fundamental consagrado en el artículo 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 2024) y desarrollado ampliamente en la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA, 2024).
Desde el ámbito legal, la custodia compartida se presenta como una solución potencial que
promueve la corresponsabilidad parental, alineándose con el principio del interés superior del
menor (Suarez-Morales et al., 2024). Sin embargo, el cumplimiento de estos principios se
enfrenta a una serie de desafíos estructurales que, al dilatar los procesos y complicar el acceso a
resoluciones efectivas, pueden provocar el incremento del sufrimiento emocional de los
menores (Jabbaz, 2021).
La falta de un manejo adecuado en la gestión judicial puede conducir a situaciones de
estrés crónico, afectando tanto a los padres como a los niños, que se convierten en víctimas de
conflictos adultos, por lo que, muchas veces, los juzgados otorgan la custodia mayoritariamente
a las madres, lo que puede generar, en ciertos contextos, una disconformidad en el acceso
equitativo a la parentalidad, impactando la percepción del niño respecto a sus relaciones
familiares (López Viso & Pedrosa Gil, 2021).
En términos psicológicos, los estudios indican que los menores expuestos a litigios
prolongados por custodia tienden a experimentar síntomas de ansiedad, depresión y problemas
conductuales (Calderón & López, 2022). La incertidumbre derivada de procesos judiciales
prolongados y adversos puede generar una inestabilidad emocional significativa, lo que
interfiere en el desarrollo de relaciones saludables y cruciales en las etapas formativas de la vida
del niño (Horcajo-Gil, 2022). La violencia presente en algunos contextos familiares también
potencia estas emociones negativas, evidenciando la relación entre la violencia familiar y el
rendimiento escolar de los menores, lo que subraya la gravedad de estas situaciones (Calderón
& López, 2022).
Finalmente, desde una perspectiva social, el auge de estas disputas plantea un reto en la
construcción de comunidades solidarias y saludables. La creciente conflictividad en las
separaciones familiares no solo afecta a los menores, sino que también influye en la cohesión
social, ya que esta violencia puede perpetuar ciclos de abuso y desintegración familiar que
afectan a toda la comunidad (Fernández-Rasines & Ajenjo Cosp, 2022). Los profesionales que
intervienen en estos procesos, como psicólogos forenses, desempeñan un papel crítico al
momento de evaluar el bienestar de los menores y proponer soluciones que prioricen sus
derechos y necesidades emocionales, subrayando así la importancia de un enfoque
multidisciplinario en estos litigios (Horcajo-Gil, 2022).
A pesar de la existencia de un marco legal robusto que protege el derecho de los menores a
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vivir en familia, a la salud, a la educación y a una vida libre de violencia, la realidad en los
juzgados familiares muestra que, con frecuencia, estos derechos se ven vulnerados. La disputa
por la custodia, alimentada por conflictos personales, económicos o emocionales entre los
padres, desplaza el foco del proceso jurídico, trasladándolo del bienestar de los hijos a los
intereses de los adultos involucrados. Como resultado, los menores no solo pierden estabilidad
familiar, sino que también se enfrentan a ambientes judicializados que intensifican su angustia,
tristeza, ansiedad y, en algunos casos, los conducen a experimentar síntomas de depresión o
comportamientos derivados del estrés postraumático.
En este contexto, es esencial examinar cómo se manifiestan estas afectaciones en los
menores y adolescentes que han atravesado procesos de guarda y custodia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas. La problemática se acentúa cuando los padres priorizan el conflicto sobre
la conciliación, convirtiéndose en los principales detonantes de las condiciones que vulneran a
sus propios hijos. Aunque existen mecanismos legales para proteger a los menores durante el
litigio, tales como la audiencia de escucha de menor o la intervención de peritos psicólogos del
Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM), estos procedimientos muchas veces no logran
mitigar los daños emocionales si no existe un compromiso real de los progenitores para
privilegiar la estabilidad de sus hijos.
A partir de un enfoque cualitativo, el presente artículo tiene como propósito analizar los
efectos que produce el proceso de guarda y custodia en los derechos y en el estado emocional
de los menores y adolescentes, identificando patrones de comportamiento parental que
contribuyen a la revictimización de los hijos. Este estudio parte de la necesidad de generar
conciencia en los actores familiares y judiciales sobre la importancia de garantizar el bienestar
integral de la niñez y la adolescencia durante y después del juicio, promoviendo estrategias de
actuación basadas en el respeto, la empatía y la protección de sus derechos fundamentales.
METODOLOGÍA
El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con el propósito de
comprender, desde la perspectiva de los propios actores involucrados, las experiencias
emocionales y percepciones en torno a los juicios de guarda y custodia, particularmente en lo
que respecta a la protección —o vulneración— de los derechos de menores y adolescentes. Esta
metodología fue seleccionada debido a su capacidad para captar las complejidades del
fenómeno social estudiado, permitiendo una interpretación profunda de las vivencias
expresadas por padres e hijos que han transitado por procesos judiciales de esta naturaleza
(Esquivel de los Santos, 2024).
La recolección de información se llevó a cabo mediante entrevistas aplicadas a una muestra
intencionada de participantes compuesta por padres de familia, así como por niños, niñas y
adolescentes que estuvieron involucrados en procedimientos de guarda y custodia en la ciudad
de Reynosa, Tamaulipas. Las entrevistas se diseñaron con un enfoque semiestructurado, lo cual
permitió que las personas entrevistadas pudieran expresar libremente sus experiencias,
emociones y valoraciones del proceso judicial, al mismo tiempo que se garantizaba la coherencia
temática con los objetivos del estudio. Las preguntas dirigidas a los padres indagaron sobre
aspectos como el comportamiento emocional de sus hijos durante el juicio, la percepción de sus
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derechos y la satisfacción con las resoluciones judiciales. Por su parte, las preguntas formuladas
a los menores y adolescentes abordaron su sentir respecto al proceso, posibles experiencias de
maltrato y el reconocimiento de sus derechos como personas en desarrollo.
Además de las entrevistas, se aplicó la técnica de observación directa en los juzgados
familiares, lo cual permitió identificar dinámicas recurrentes entre los actores jurídicos, los
padres de familia y los menores, así como detectar patrones de conducta que reflejan tensión,
ansiedad o desconocimiento del proceso por parte de los involucrados. Esta observación no solo
aportó elementos contextuales relevantes, sino que también permitió corroborar la validez de los
testimonios recogidos en las entrevistas, fortaleciendo la triangulación de datos.
La elaboración del instrumento de entrevista contempló criterios éticos de
confidencialidad, respeto a la privacidad y voluntariedad de la participación, especialmente en
el caso de los menores de edad. En ningún momento se forzó la participación de los
entrevistados, y se procuró generar un ambiente de confianza para favorecer la expresión
espontánea de emociones. Asimismo, se adoptó un lenguaje comprensible, adecuado al nivel de
desarrollo cognitivo y emocional de los niños y adolescentes, evitando cualquier forma de
presión, revictimización o incomodidad.
La información obtenida fue organizada y analizada mediante categorización temática, lo
que permitió identificar patrones comunes, tensiones y particularidades en las respuestas de los
participantes. Dicho análisis se centró en tres dimensiones principales: a) el impacto emocional
del juicio en los menores, b) el rol de los padres en la vulneración o protección de derechos, y c)
la eficacia de los mecanismos judiciales en la garantía del interés superior del menor.
Esta aproximación metodológica cualitativa permitió no solo describir el fenómeno, sino
comprenderlo desde la experiencia directa de quienes lo vivieron, aportando así insumos
relevantes para reflexionar críticamente sobre las prácticas actuales en los juicios de guarda y
custodia y sus implicaciones en la infancia y adolescencia.
RESULTADOS
El análisis de la información recolectada a través de entrevistas aplicadas a padres de
familia, así como a niños, niñas y adolescentes involucrados en juicios de guarda y custodia,
permitió identificar patrones comunes en cuanto al impacto emocional del proceso judicial, la
percepción sobre el actuar de los progenitores y el grado de conocimiento y reconocimiento de
los derechos de los menores durante dicho procedimiento. Asimismo, la observación realizada
en los juzgados familiares aportó elementos contextuales que fortalecen la comprensión de estas
vivencias.
En primer lugar, se observó que una proporción significativa de los juicios de divorcio
terminan en procesos de guarda y custodia. De acuerdo con las respuestas obtenidas, el 70% de
los padres entrevistados afirmó haber atravesado un juicio de guarda y custodia, mientras que el
30% restante logró establecer acuerdos de convivencia sin necesidad de judicialización. Esta
diferencia permitió identificar que los acuerdos tempranos entre padres tienden a reducir la
exposición de los menores a conflictos prolongados y emocionalmente desgastantes.
En cuanto al estado emocional de los hijos durante el proceso judicial, se identificó que las
emociones predominantes expresadas por los padres respecto a sus hijos fueron ansiedad (57%),
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seguida por bienestar (29%) y miedo (14%). Estas emociones fueron confirmadas en la
percepción directa de los menores entrevistados, quienes reportaron sentirse ansiosos (45%),
tristes (22%), bien (22%) y con miedo (11%) durante el juicio. Estos resultados evidencian una
afectación emocional significativa, particularmente en los menores que no contaban con un
entorno familiar estabilizado o con acompañamiento psicológico.
Sobre la sensación de vulnerabilidad, el 22% de los menores manifestó sentirse utilizados
por sus padres dentro del juicio, mientras que el 78% afirmó no haberse sentido vulnerado
directamente. No obstante, al profundizar en las respuestas, algunos niños señalaron que sus
emociones eran utilizadas como argumento legal por sus progenitores, lo que les generaba
incomodidad o culpa.
Respecto a la violencia durante el proceso, ningún menor reportó haber sufrido maltrato
físico o verbal. Sin embargo, la violencia psicológica fue señalada por 5 de los 9 menores
entrevistados, lo cual representa el 56% del total. Estos casos incluyeron manifestaciones de
presión emocional, comentarios denigrantes entre los padres frente a los hijos, y manipulación
afectiva.
Por otro lado, el análisis de las respuestas de los padres también reveló las principales
causas por las que se niegan a establecer acuerdos de convivencia desde el juicio de divorcio. El
57% de los encuestados atribuyó esta negativa a problemas con terceras personas, el 29% a
desacuerdos económicos, y el 14% a la inconformidad con las reglas de convivencia propuestas
por la autoridad judicial. Esto muestra que los conflictos externos o intereses personales suelen
anteponerse al bienestar emocional del menor.
En relación con el conocimiento y ejercicio de los derechos de los hijos durante el juicio, el
100% de los padres afirmó que dichos derechos fueron comunicados ya sea por el juez (57%), por
los abogados (14%) o por ambos (29%). Por su parte, la mayoría de los menores entrevistados
también manifestó haber sido informados sobre sus derechos, particularmente durante las
audiencias de escucha de menor realizadas por el juez y el ministerio público.
Finalmente, la observación realizada en los juzgados familiares permitió corroborar que los
juicios de guarda y custodia presentan altos niveles de tensión entre los progenitores, lo cual se
traduce en un ambiente poco propicio para la estabilidad emocional de los menores. En ciertos
casos, los jueces ordenaron evaluaciones psicológicas por parte del Centro de Convivencia
Familiar (CECOFAM), así como la implementación de convivencias supervisadas, lo que
permitió documentar comportamientos que afectaban la salud mental de los hijos, tales como el
distanciamiento emocional, la ansiedad anticipatoria frente a las audiencias y la negación de
contacto con uno de los padres.
En conjunto, estos resultados reflejan que la actuación de los progenitores durante los
procesos judiciales constituye un factor determinante en la experiencia emocional de los
menores. Las emociones negativas, la percepción de instrumentalización, y la presencia de
violencia psicológica son manifestaciones recurrentes que evidencian una afectación directa a los
derechos e integridad de niñas, niños y adolescentes en contextos de litigio familiar.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos reflejan con claridad que los procesos judiciales de guarda y
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custodia, particularmente aquellos que se prolongan debido al conflicto persistente entre los
progenitores, generan un impacto emocional significativo en los menores y adolescentes
involucrados. Las emociones más reportadas —ansiedad, tristeza, miedo e inseguridad—
coinciden con lo que ha sido documentado por diversos estudios que advierten sobre los efectos
psicosociales derivados de litigios prolongados, tales como síntomas de depresión, trastornos
conductuales y dificultades en la construcción de relaciones afectivas saludables (Calderón &
López, 2022; Horcajo-Gil, 2022).
Esta afectación se intensifica cuando se considera que muchos menores no solo enfrentan la
separación de sus padres, sino también dinámicas de manipulación emocional o violencia
psicológica ejercida durante el juicio, como se evidenció en las entrevistas. En este sentido, las
emociones negativas expresadas por los niños entrevistados —en particular, el sentimiento de
ser utilizados en el proceso— sugieren una forma de revictimización silenciosa que, aunque no
se materializa como violencia física, constituye una transgresión a sus derechos fundamentales.
Tal como señala Horcajo-Gil (2022), los niños se convierten en víctimas colaterales de disputas
legales que deberían, en teoría, garantizar su bienestar.
Desde la dimensión jurídica, aunque el principio del interés superior del menor se reconoce
ampliamente en el marco normativo mexicano, su aplicación efectiva presenta desafíos
estructurales. La evidencia recogida en este estudio sugiere que, en múltiples ocasiones, las
decisiones judiciales tienden a priorizar criterios formales sobre las verdaderas necesidades
emocionales de los menores, lo cual puede derivar en un incremento del sufrimiento psíquico
infantil durante el proceso (Jabbaz, 2021). Este desfase entre el ideal jurídico y la práctica
cotidiana ha sido también señalado por Suárez-Morales et al. (2024), quienes afirman que la
custodia compartida, si bien representa una alternativa que favorece la corresponsabilidad
parental, requiere condiciones procesales y actitudinales específicas para su implementación
efectiva, las cuales no siempre se cumplen en contextos de alto conflicto.
Conjuntamente, se identificó que el rol de los progenitores en la afectación de los derechos
del menor es central. La negativa de muchos padres a llegar a acuerdos tempranos de
convivencia, motivada por factores como problemas con terceras personas o disputas
económicas, revela una dinámica en la que el litigio se convierte en un instrumento de poder
más que en un mecanismo de protección. Esta conducta ha sido también documentada por
López Viso y Pedrosa Gil (2021), quienes advierten que el sesgo judicial hacia uno de los
progenitores, usualmente la madre, puede generar desigualdad en el acceso a la parentalidad y
provocar tensiones que terminan por impactar la percepción que los hijos tienen de sus propias
relaciones familiares.
Desde la dimensión social, los datos obtenidos confirman que los juicios de guarda y
custodia no solo afectan la estructura familiar inmediata, sino que también tienen implicaciones
comunitarias más amplias. La conflictividad prolongada y la instrumentalización de los menores
no solo perpetúan ciclos de violencia emocional, sino que también debilitan la cohesión social y
dificultan la construcción de entornos afectivos seguros (Fernández-Rasines & Ajenjo Cosp,
2022). Así, este tipo de litigios trasciende lo individual, afectando el tejido social y proyectando
sobre las nuevas generaciones un modelo conflictivo de resolución de diferencias.
En suma, los hallazgos obtenidos no solo ratifican lo expuesto en la literatura especializada,
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sino que aportan evidencia empírica desde un contexto específico —Reynosa, Tamaulipas— que
permite visibilizar con mayor claridad las tensiones entre el discurso jurídico, la práctica judicial
y las vivencias de los menores. Esta tensión pone de manifiesto la necesidad de fortalecer
mecanismos interdisciplinarios de acompañamiento —jurídico, psicológico y social— durante
los procesos de custodia, así como fomentar una cultura de corresponsabilidad real entre los
progenitores, más allá de los intereses personales que suelen prevalecer en estos litigios.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos a partir de las entrevistas y observaciones realizadas en juzgados
familiares permiten concluir que los juicios de guarda y custodia representan un escenario de
alto riesgo para el bienestar emocional de los menores y adolescentes involucrados,
especialmente cuando los progenitores priorizan el conflicto sobre el diálogo. La evidencia
recogida mostró que las emociones predominantes en los hijos durante el proceso judicial son
ansiedad, tristeza y miedo, lo cual demuestra el fuerte impacto psicosocial que estos
procedimientos pueden generar cuando no se gestionan adecuadamente.
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio fue la identificación del papel de los
padres como principales detonantes del conflicto y, en consecuencia, de la afectación a los
derechos de sus hijos. La negativa a establecer acuerdos de convivencia, motivada por intereses
personales o económicos, termina por desviar el objetivo del juicio, que debería centrarse en
garantizar el interés superior del menor. Esta actitud, junto con las estrategias de manipulación
emocional detectadas en algunos casos, contribuye a una forma indirecta pero persistente de
violencia psicológica hacia los hijos.
Asimismo, aunque se reconoce que el marco legal vigente en México —como la CPEUM, la
LGDNNA y los tratados internacionales— establece protecciones claras para los menores, su
aplicación práctica enfrenta obstáculos importantes. Las herramientas disponibles, como las
audiencias de escucha de menor o las evaluaciones periciales psicológicas, resultan valiosas,
pero no siempre logran prevenir el daño emocional si no existe una disposición genuina de los
adultos a salvaguardar el bienestar infantil.
En este sentido, resulta indispensable fomentar una cultura de corresponsabilidad entre los
progenitores, apoyada por mecanismos interdisciplinarios que incluyan la intervención de
psicólogos, trabajadores sociales y jueces capacitados en infancia y adolescencia. Solo a través de
un enfoque integral será posible garantizar que los procesos judiciales de guarda y custodia no
se conviertan en espacios de revictimización, sino en verdaderos instrumentos de protección
para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
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https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf
Financiación: Este trabajo ha sido financiado por el autor
Conflicto de interés: Ninguno
